La Constitución Nacional
pone como eje la protección de los derechos de los niños sobre cualquier
derecho y estos entre otros contemplan: el derecho a una familia, a la salud,
educación, alimentación, vivienda. Se castiga la explotación laboral, sexual.
Es decir, ningún menor de edad está obligado a trabajar y cumplir con una
jornada laboral, pues, se le estaría violando sus derechos, como también se le
violan sus derechos cuando los menores de edad mueren de desnutrición o hambre
o por falta de una atención médica oportuna o porque carecen de un techo donde
vivir y mueren de frío.
Estos son algunos de los
derechos que están vigentes en la Carta Magna dirigidos a proteger a la niñez,
pero que nunca se cumplen, como tampoco existen culpables cuando son evidentes
las violaciones a los derechos de la infancia. Para el Estado los niños siguen
siendo invisibles. Uno de los caso que por estos días debería indignar al país,
es lo ocurrido con los niños wayuu, la muerte por desnutrición, incluso se ha
llegado a plantear la desaparición de esta comunidad indígena por esta causa.
Vale decir, que esta no es la única comunidad indígena ni campesina que se ha
visto afectada por esta problemática sin contar con la falta de puestos de
salud que hacen más difícil la situación.
En las ciudades la falta de
atención de la niñez sigue el mismo patrón, a diario son reportados niños con
solo horas de nacidos abandonados en las calles o basureros, lo que debería
configurar un problema de salud pública, que debe tener soluciones de fondo,
sobre todo cuando se trata de madres adolescentes. Esto sin contar, los menores
que permanecen o son llevados a la calle del “Bronx”, lugar donde prolifera el
consumo de sustancias psicotrópicas, la delincuencia y la esclavitud sexual
sobre todo en niñas menores de edad.
Frente a esta problemática social,
el gobierno no ha formulado ninguna ley que busque restablecer los derechos a
los menores, o que impida que más menores sigan siendo víctimas, esto obedece
en la mayoría de los casos, a la falta de atención social, educación y pobreza.
La pobreza es el mismo
factor que obliga a los menores a dejar de asistir a la escuela para vincularse
al trabajo, en condiciones desfavorables, los trabajos no son acordes con su
edad y su remuneración es inferior, así desempeñe las mismas labores que un
adulto, aquí surge una pregunta, que un menor trabaje al interior de una mina, o
en canteras o cargando bultos, no es igual de violento que recibir un
entrenamiento militar, igual sucede con los niños sicarios que son contratados
para matar, para estos casos, el gobierno ha dispuesto algunos castigos, que no
solucionan el problema desde su origen, como lo es impedir que un menor sea
reclutado por bandas criminales.
Si bien, todas estas son
problemáticas que afectan la niñez el Estado no se ha preocupado por otorgarles
el mínimo derecho, como lo es la educación, esto no solo con la gratuidad sino
creando infraestructura que permita que los menores puedan hacer uso de este
derecho sin tener que desplazarse por sitios alejados de su entorno social o
por sitios donde su seguridad se ve afectada.
Para el Estado, solo existe
una población infantil que merece su atención y repudio, estos son los menores
combatientes de las guerrillas. Según el Estado los menores son obligados a
enlistarse en lo que se conoce como reclutamiento forzado y a realizar tareas
concernientes a la guerra, con lo que se viola todos sus derechos y DIH.
Se entiende, que no todos
los menores son obligados, ningún ejército irregular se mantendría a la fuerza
y ellos aprovecharían las circunstancias para huir. Según la insurgencia muchos
de estos menores llegan a sus filas producto de diversas problemáticas incluso
huyendo del mismo Estado y su ejército, el hambre y la miseria son factores que
inciden. Pese a esto, no son los únicos menores combatientes los paramilitares
reclutan menores, las bandas criminales.
Según el Estado, el
paramilitarismo se desmovilizo con más de 30 mil miembros de los cuales no se
sabe cuántos de estos eran menores, no se sabe cómo se les restablecieron sus
derechos. Luego de más de 8 años, ya deberían existir datos estadísticos sobre
la forma como estos menores fueron incorporados a la vida civil.
Pues se entiende, que el
Estado debe garantizarles sus derechos y generar las condiciones para que no
regresen a las armas, no basta con la vinculación a cualquier actividad
productiva o mantenerlos en sitios para desmovilizados hasta que cumplan la
mayoría de edad, sino se generan las condiciones óptimas para su reingreso a la
sociedad. No se puede entender que los menores hagan tránsito de combatientes a
obreros.
Para finalizar se puede
decir que el gobierno tiene una doble moral acerca de la niñez, mientras los
niños indígenas y campesinos mueren de hambre, estos no son objeto de denuncia
frente a la comunidad internacional, violándoles sus derechos sobre todo el
derecho a la vida. La pregunta que surge es que va a pasar con los menores que
la insurgencia va a entregar, el gobierno ya tiene un programa de apoyo
psico-social y restablecimiento de derechos, no basta con que regresen a sus
familias, si van a encontrar las mismas problemáticas que los hicieron huir, o
recibir una formación en panadería o construcción, con lo que se estaría
formando obreros.
