martes, 14 de noviembre de 2017

La JEP y la Comisión de la Verdad



Uno de los elementos centrales del Acuerdo de paz con las FARC y el gobierno, es el tema de la justicia, la forma como los actores armados, guerrilla y fuerzas armadas, se someterían a un tribunal creado para juzgar esos comportamientos donde se va a investigar el accionar de uno y otro actor del conflicto, los excesos, las violaciones a los derechos humanos, desaparición forzada, tortura, los tratos crueles e inhumanos, violación sexual, entre otros.

Todos ellos delitos de lesa humanidad, para los cuales la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, no contemplan ninguna amnistía, por lo que de no ser juzgados en el país, cualquier país puede hacerlo alegando la jurisdicción universal e iniciar un juicio y una condena o la misma CPI, ejercer como tribunal y emitir un fallo de obligatorio cumplimiento con el traslado de los culpables a la cárcel internacional de la Haya. Aunque sobre este tema existen muy pocas evidencias donde la Corte haya emitido algún juicio, salvo unos casos, por lo que se le ha criticado estar parcializada y juzgar solo africanos, a pesar de ser este continente la fiscal Fatou Bensouda.

Con esto quiero decir, que a pesar de haber recibido algunas demandas que comprometen a políticos colombianos y militares en las violaciones a los derechos humanos hasta el día de hoy no se ha emitido un fallo, lo que hace prever que muy posiblemente no se conozca fallo alguno, por lo menos durante un largo periodo. Por ello, es importante la creación de un tribunal para la paz, donde concurran todos los que participaron, apoyaron y financiaron grupos al margen de la ley, o los que actuaron en la sombra cobijados por el Estado.

Pese a que este tribunal se eligió de forma imparcial, donde participaron expertos internacionales, se revisaron las hojas de vida de los postulantes, la extrema derecha como era de esperarse ha rechazado la competencia de este, consiguiendo sabotear la votación que da lugar al acto legislativo que permita que se apruebe la Justicia Especial de Paz y este empiece a funcionar, antes que comiencen las elecciones para el congreso y presidencia en el 2018.

De no ser aprobada, la insurgencia como actores visibles del conflicto, quedaría imposibilitada no solo en la participación política con sus candidatos, sino que todos sus integrantes quedan en el limbo jurídico, lo que da lugar a que sus condenas sigan su curso o a que en cualquier momento sean requeridos por la justicia ordinaria y con ello pierdan la libertad, lo que puede llevar al traste el proceso de paz. Se entiende, que la guerrilla hizo su dejación de armas y se sometió al orden constitucional, no para terminar sus vidas en una cárcel, sin tener los mínimos derechos, sino para participar de la vida en sociedad construyendo el país que les ha sido ajeno durante años.

Para la élite nacional, que además, ha manejado el país durante toda la vida republicana, la insurgencia no debería participar en política y un proceso de paz, solo sería el que les negara los derechos mínimos, es decir, todos deberían salir del monte y purgar largas condenas, sin derechos, siquiera a una actividad económica que les garantice el sustento diario. Por ello, la aprobación de la JEP en el Congreso que debería ser un acto legislativo aprobado por el método expedito ha tardado un año, sin que hasta el momento se apruebe.

Lo paradójico es que mientras los congresistas, afirman que los guerrilleros deben pasar por la justicia, está no se aprueba, quizás con los cálculos electorales de que los insurgentes empiecen a ver al Estado, como lo que siempre ha sido excluyente y sin credibilidad, pues, solo se trataba de implementar los acuerdos. Este hecho, puede llevar a que la guerrilla no encuentre el vehículo adecuado para integrarse a la sociedad, por consiguiente decida volver al monte, donde ha permanecido por largo tiempo, lo que no le será difícil.

Para nadie, es un secreto que la extrema derecha se ha erigido con su discurso guerrerista que además les ha dejado grandes dividendos en la expropiación, usurpación de grandes extensiones de tierras, negociar con las multinacionales y sobre todo manejar el poder, lo que los ha hechos casi dueños y señores del país entero, han gobernado con sus propias leyes. Lo que ha convertido grandes zonas del país, en cementerios y unos pocos dueños de grandes extensiones de tierras.

Por ello, de aprobarse la JEP, tal como quedó plasmada en los acuerdos, que vale decir, fueron modificados por la extrema derecha, estos terceros entrarían a ser juzgados por este tribunal. La importancia de dicho juzgamiento, es que a pesar, de haber existido procesos de paz y desmovilizaciones armadas, estos no han comparecido a un tribunal, lo que les ha permitido seguir financiando y lucrándose del conflicto. Es decir, estos terceros han actuado en la sombra y son los mayores beneficiados de la violencia, han instigado y en muchos casos participado en actos de violencia y violaciones a los derechos humanos.

El no identificar a estos empresarios, políticos, periodistas, sacerdotes, ejecutivos de multinacionales, entre otros, solo servirá para que la violencia siga su curso, pues estos seguirán siendo intocables y bajo el cobijo de personas “dignas” de la sociedad, reactivaran el negocio de la muerte que es muy lucrativo para estos sectores. Su paso por la JEP, les quitara la careta y evidenciará una realidad que hasta el día de hoy ha sido silenciada. Por ello, personajes como el fiscal de la nación garante de la justicia y el orden, se han opuesto a la aprobación, políticos de todas las talantes, que tienen sus guardados y temen que se conozca la verdad.

Razones suficientes para desvirtuar la JEP y quitarle, puntos esenciales para su funcionamiento, para ello han utilizado un largo historial de mentiras, incluso uno de esos políticos corruptos llegó a decir que 48 millones de colombianos tendríamos que ir a este tribunal, sin que explique lo esencial de lo que se juzgará y quienes serán los llamados, en este mismo sentido se ha dicho que la insurgencia no ha entregado todo sus activos, dejando la mayoría de estos en manos de terceros, testaferros que deben ser juzgados y expropiados. Sin contemplar siquiera los testaferros de empresarios, políticos y demás que ocultan sus fortunas no solo en paraísos fiscales, sino la legalización de predios en otras manos.

Hasta este momento se ha dado a entender según las entidades públicas que los únicos que deben pasar por la JEP, son los insurgentes y sus testaferros, los demás como agentes del Estado violadores del derechos humanos y DIH, el Estado contempla no solo la defensa de estos, sino que ha creado un fuero que los protege, desconociendo que todo servidor público debe respetar por encima de cualquier consideración la Constitución y el orden  debe recibir una sanción judicial con rigurosidad si viola las leyes. De no ser así, el espiral de violencia no tendría fin, pues cuentan con el beneplácito del Estado que los protege.   

La comisión de la verdad

La comisión de la verdad se puede definir como el tribunal donde serán escuchados todos aquellos, que participaron, auspiciaron o que fueron víctimas, esto con el fin de crear un relato nacional del conflicto, vale decir, que este tribunal no tendrá implicaciones judiciales, lo que se pretende es conocer en primera persona algunos hechos de violencia que han marcado este largo periodo de conflicto.

La importancia de la Comisión radica justamente en buscar más allá de lo que se ha conocido por los medios o los relatos de víctimas, esta comisión sesionara durante un periodo de 3 años, pese a esto, se entiende que no todos los casos van a pasar por esta comisión, ni que existirá un consenso nacional del resultado final, como tampoco de los integrantes, aunque fueron elegidos por un equipo internacional, es de anotar la importancia de historiadores, quienes no hacen parte de este grupo. Pese a que en el país, existen numerosos académicos que le han hecho su aporte al estudio del conflicto.


Finalmente de lo que se resuelva en la JEP y se conozca la participación de sectores sociales en el conflicto y el resultado de la Comisión de la verdad se estará dando un avance para dejar atrás años de violencia, teniendo en cuenta que si no se implementa lo acordado seguiremos en un ciclo sin fin de desigualdad y violencia.